Acompañada de tres firmas, sobre la supuesta falta de independencia del Ministerio Fiscal polaco  

La peticionaria afirma que desde 2016 existen vínculos entre dos autoridades polacas como consecuencia de reformas llevadas a cabo por las facciones políticas en el poder. Las autoridades en cuestión son el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Justicia. La peticionaria considera que la nueva Ley sobre el Ministerio Fiscal permite a los políticos influir en las actividades de los fiscales y ejercer un control político (afirma que las fiscalías aplican criterios más rigurosos a los que son críticos con el partido gobernante que a sus simpatizantes o a quienes tienen vínculos políticos con él; los procedimientos judiciales se incoan o interrumpen por motivos políticos en lugar de jurídicos). En opinión de la peticionaria, esta situación contraviene los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el TFUE.