Sobre el presunto fraude y corrupción en el embargo ilegal de bienes por parte de bancos y agentes judiciales privados de Bulgaria 

La peticionaria es una deudora contra la que el acreedor (un banco) emitió una petición a un agente judicial para que iniciara un procedimiento de ejecución forzosa. Del poder adjunto a la petición se desprende que el banco está representado por la madre de un empleado del agente judicial. Ello sirve como prueba de la existencia de una conexión entre el acreedor y el agente judicial, lo que socava la imparcialidad de este y la tramitación del procedimiento de ejecución forzosa. La peticionaria afirma que el acreedor y el agente judicial han ideado un sistema fraudulento conforme al cual los acreedores compran propiedades devaluadas en subastas ficticias en las que el único postor capaz de hacer una oferta válida es el banco.La peticionaria señala la ilegalidad de las actuaciones en los casos en que no existe una solicitud por escrito al tribunal competente y, por tanto, no existe una orden del tribunal para llevar a cabo actuaciones coercitivas. Al respeto, pide al Parlamento Europeo que aplique los mecanismos necesarios para poner fin a estas prácticas en Bulgaria, país en el que los bienes de los consumidores de servicios de crédito están siendo embargados con la ayuda de los agentes judiciales.