Sobre la supuesta infracción de la legislación en materia de competencia por parte de las autoridades regionales de Apulia 

El peticionario señala que una infracción grave de las normas de competencia que incluye un procedimiento de licitación para unas obras de construcción ha dado lugar a un prolongado conflicto jurídico con las autoridades regionales, que incluye varios intentos del peticionario para que el tribunal administrativo invalide el procedimiento. Tras haber constatado, en primer lugar, que el procedimiento de licitación infringía el Código Penal (véase «Información» 1, 1), el peticionario presentó una serie de denuncias a las autoridades regionales de Apulia en un intento de que la licitación original fuera anulada y sustituida por un procedimiento conforme con las normas sobre competencia leal. Ante la persistente inacción de las autoridades regionales, el peticionario interpuso un recurso administrativo al Consejo de Estado (véase «Información» 1, 2), que falló a su favor dos veces en 2015 y 2017. Mientras tanto, las autoridades regionales se negaron persistentemente a anular el procedimiento de licitación irregular y a convocar una nueva licitación basándose en que, en la fecha de la primera resolución del Consejo de Estado, habría sido demasiado costoso iniciar de nuevo la construcción desde cero (véase «Información» 1, 3). A pesar de sus dos sentencias por las que se ordenaba a las autoridades regionales la anulación del procedimiento de licitación y la adopción de las medidas correctoras necesarias, el litigio se sometió por tercera vez al Consejo de Estado (véase «Información» 1, 4). Sin embargo, la tercera sentencia (5 de junio de 2018) difería en parte de las anteriores en la medida en que el Consejo de Estado, al observar que el edificio estaba casi terminado, no ordenaba su demolición y menos aún una nueva licitación (véase «Información» 1, 5). En su decisión final (28 de mayo de 2019), también denegó al firmante el derecho a una indemnización debido a que las obras se encontraban ya en un punto de no retorno (véase «Información» 1, 6). Por último, para sustentar su alegación, el peticionario hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se exige a los Estados miembros que reparen los daños que se deriven de una infracción del Derecho de la Unión, en este caso el artículo 101 del TFUE y la Directiva 2004/18/CE por la que se establecen normas sobre contratos públicos de obras (véase «Información» 2.1), en la medida en que procedan de una decisión del órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia, es decir, el Consejo de Estado. Señala que en este asunto se cumplen todos los requisitos definidos por el Tribunal (véase «Información» 2, 2). Por consiguiente, pide a la Unión que incoe un procedimiento por infracción del Tratado y del Derecho derivado en materia de libre competencia, además del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) sobre el derecho a un juicio justo.