Sobre la discriminación en el trato a docentes interinos destinados en el exterior por las administraciones públicas españolas 

El peticionario denuncia que las administraciones públicas españolas incumplen la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, al no hacerse cargo del coste de desplazamiento de los profesores interinos contratados para realizar su trabajo en otro país mientras que sí se hace cargo en el caso de otros docentes que hacen el mismo trabajo como adscritos. El peticionario considera que existe una evidente diferencia salarial a favor de los funcionarios adscritos, lo que podría ser contrario a la Directiva 1999/70/CE. El peticionario también denuncia la falta de cobertura sanitaria que sufren los docentes interinos en los países que no pertenecen a la Unión, además de que las autoridades españolas no regularizan su permiso de residencia y se encuentran como si estuvieran de turistas en el país en donde trabajan. Por su parte, el peticionario señala que a los funcionarios de carrera se les facilita pasaporte diplomático y otra serie de privilegios por estar trabajando en el exterior.