Petiția se adresează: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

El peticionario asegura que la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de Andorra ha infringido la Directiva 2014/59/UE, en concreto el considerando 91, que establece lo siguiente: «Además, cuando resulte necesario para proteger a terceros que hayan adquirido de buena fe activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución en el marco del ejercicio de las competencias de resolución por parte de las autoridades, y para lograr la estabilidad de los mercados financieros, el derecho de recurso no debe afectar a los actos administrativos subsiguientes ni a las transacciones celebradas en virtud de una decisión anulada. En tales casos, las medidas de corrección correspondientes a una decisión o acción incorrecta deben limitarse a una indemnización por el daño sufrido por las personas afectadas».