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El peticionario se queja de que la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores no se ha incorporado de forma adecuada a la legislación húngara. Según el peticionario, un gran número de húngaros suscribieron hipotecas en moneda extranjera, pero no pudieron pagar sus cuotas mensuales porque los bancos solicitaron el reembolso del préstamo a un tipo de cambio diferente del utilizado cuando se concedió el préstamo. El peticionario afirma que esto permitió a los bancos rescindir abusivamente los contratos y dejó sin hogar a cientos de miles de húngaros, lo que provocó graves trastornos mentales en los afectados. A raíz de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de una decisión del Tribunal Supremo húngaro, que declararon abusivas dichas cláusulas contractuales, la legislación húngara fue modificada en 2014. No obstante, el peticionario afirma que esto no resarció a los deudores, cuyos contratos ya habían sido rescindidos ilegalmente y que ahora se ven amenazados por desahucios en masa.