En nombre del Collectif des citoyens européens du narbonnais (Colectivo de ciudadanos europeos de Narbona), sobre el derecho de todo ciudadano que vive cerca de la planta Orano Malvési a vivir en un entorno saludable 

La peticionaria se refiere a la región de Occitania, en el Languedoc, una región vinícola, auténtica, situada cerca de Narbona y muy apreciada por una comunidad de europeos en rápido crecimiento. La empresa Orano Malvési-Narbonne, propiedad del Estado francés y de inversores internacionales, y situada a menos de dos kilómetros de los distritos residenciales de Narbona, purifica el 25 % de todo el uranio del mundo y el 100 % del uranio de Francia. Está clasificada como una planta de umbral superior con arreglo a las disposiciones de la Directiva Seveso. Desde 1959 se han procesado 500 000 toneladas de uranio, que se han suministrado a 58 reactores nucleares de Francia, otros socios de Europa y clientes extranjeros. Los almacenes de residuos contaminados (400 000 m3) se clasifican como instalaciones nucleares de base. La planta vierte contaminantes químicos y climáticos al entorno, incluido el canal de la Robine (declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), que desemboca en la laguna del Étang de Bages-Sigean, un espacio protegido de la red Natura 2000. Cuando en 2004 la rotura de un dique provocó el vertido de 30 000 m3 de lodo radiactivo, se iniciaron protestas públicas motivadas por el impacto y los peligros que esto suponía para el medio ambiente (aire, agua, suelo y ribera). Se han detectado uranio y productos derivados de él en la vegetación y los cultivos agrícolas de frutas y cereales situados cerca de la planta. La peticionaria también hace referencia a un significativo incremento de la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón y al hecho de que no se ha llevado a cabo ningún estudio epidemiológico. Se han autorizado nuevas instalaciones que liberan emisiones adicionales, las cuales sumarán más de 40 000 m3 de gases tóxicos por hora al actual nivel de emisiones. La peticionaria cuestiona la legalidad de la investigación pública llevada a cabo antes de la concesión de dicha autorización. En 2018 se autorizó una nueva planta para la producción de dióxido de uranio sin consulta pública ni estudio de impacto y no se informó a la población local sobre sus consecuencias sanitarias, ecológicas y económicas. El Collectif des citoyens européens du narbonnais decidió reclamar su derecho a vivir en un entorno saludable a fin de evitar catástrofes medioambientales o de salud pública en el futuro.