Διοίκηση

Sobre la mejora de la protección de los derechos fundamentales en el contexto de las órdenes europeas de entrega  

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 υποστηρικτής 1 σε Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

1 υποστηρικτής 1 σε Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

Προώθηση

EL peticionario opina que las protección de los derechos fundamentales se ha descuidado en la propuesta actual para las órdenes europeas de entrega (COM(2018)0225). El peticionario afirma que el Estado solicitante recibiría pruebas electrónicas sin la intervención de los tribunales nacionales. Alega que, con arreglo a la propuesta, los afectados tienen pocas posibilidades de defenderse y se dan demasiados poderes a las empresas privadas. El peticionario solicita que se efectúen mejoras en la orden de entrega en lo que se refiere a la protección de datos, la protección de los derechos fundamentales y la protección de los ciudadanos de la Unión de ser espiados. El peticionario ha realizado varias propuestas de mejora del Reglamento propuesto, entre ellas impedir la utilización en la instrucción del sumario o ante el tribunal de pruebas obtenidas de forma ilegal. Según el peticionario, debería existir una información directa a los proveedores de servicios, las pruebas deberían almacenarse en base al método de preservación de los datos (quick freeze) y debería ser posible entregar dato solo en respuesta a un orden judicial en los Estados emisor y receptor de la solicitud. El peticionario considera que el Estado miembro de la persona afectada debería tener derecho de veto. Opina que, en caso de uso indebido, los Estados emisor y receptor de la solicitud deberían compartir la responsabilidad y que las personas sujetas a secreto profesional deberían estar protegidas por un doble control judicial. El peticionario afirma que el interesado debería ser informado sobre la entrega de los datos y sobre las vías de recurso de que disponga y que solo se deberían entregar los datos en los casos de delitos penales graves.

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