Sobre la aplicación inadecuada en Malta de la Directiva 2003/109/CE del Consejo en lo relativo al acceso al empleo 

La peticionaria asegura que Malta no está aplicando adecuadamente la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, ni la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar. De acuerdo con la peticionaria, las autoridades de Malta no garantizan un acceso igualitario al empleo a residentes de larga duración, ni a sus familiares, en comparación con los trabajadores nacionales, dado que se les exige solicitar un permiso de trabajo (licencia de empleo), cuyo precio asciende a 58 EUR al año por empleador.