En nombre del sindicato italiano de agricultores Unione Coltivatori Diretti (zona de Piedimonte Matese) y del sindicato italiano de aparceros Unione Italiana Mezzadri — Coltivatori Diretti (zona de Matese), acompañada de dos firmas, sobre la presunta infracción por parte de la región de Campania, junto con el Ministerio italiano de Sanidad, de la legislación de la Unión relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina 

Petition addressed to: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

El peticionario informa de la presunta violación del Reglamento (CE) n.º 1226/2002 por el Plan extraordinario de control de las enfermedades infecciosas en el búfalo mediterráneo italiano, adoptado en 2019 por la región de Campania y el Ministerio italiano de Sanidad. El Reglamento (CE) n.º 1226/2002 establece normas que regulan los métodos de identificación del agente patógeno responsable de la tuberculosis bovina, indicando que la prueba oficial es la intradermotuberculinización, tanto sencilla como de comparación. El peticionario señala que, en virtud de la legislación de la Unión, estas pruebas de diagnóstico deben llevarse a cabo con vistas a que una explotación ganadera pueda ser reconocida como libre de tuberculosis y pueda conservar esa calificación. Según el peticionario, el mencionado plan regional ha introducido una prueba de diagnóstico en las explotaciones ganaderas libres de tuberculosis denominada «interferón gamma». Con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1226/2002, dicha prueba no tiene que llevarse a cabo en explotaciones libres de tuberculosis; además, al parecer, ha conducido al sacrificio injustificado de animales que dieron positivo solo en la primera de las pruebas mencionadas. El peticionario afirma que esta medida también infringe el artículo 35 del Reglamento (UE) 2017/625 relativo al derecho de los criadores a un segundo dictamen pericial. Para concluir, el peticionario solicita la ayuda del Parlamento Europeo para establecer y declarar la ilegalidad de la medida que denuncia.