En nombre de los ciudadanos letones pertenecientes al Grupo irlandés de apoyo a los ciudadanos de la tercera edad, sobre los pensionistas letones que residen en Irlanda 

El peticionario alega que los pensionistas letones que residen en Irlanda soportan una carga desproporcionada, ya que, de conformidad con la legislación vigente, las personas que tienen residencia permanente fuera de Letonia deben presentar una solicitud, que debe ir acompañada de un documento que certifique que el interesado está vivo, para que se siga realizando el pago de sus pensiones.Esta obligación administrativa, que conlleva un gasto bastante alto, constituye, según el peticionario, una vulneración del principio de igualdad contemplado en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El peticionario alega que las tasas de expedición de un acta notarial oscilan entre los 100 y los 250 euros por año y que, en la embajada de Letonia, las tasas para obtener dicha acta ascienden a 80 euros. En comparación con el importe de la pensión que perciben los ciudadanos letones, estos precios resultan desproporcionados. Asimismo, los pensionistas pueden incurrir en gastos de viaje al acudir a la embajada, o, incluso, sufrir alguna pérdida de ingresos si todavía trabajan (en Irlanda).El peticionario cuestiona la necesidad de esta obligación, ya que las autoridades podrían recurrir a las bases de datos interconectadas de la Unión.