Petition richtet sich an: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

El peticionario, un concejal municipal (de Castelvetro, Módena), se queja sobre la contaminación continua del agua (agua superficial y subterránea) causada por la eliminación de residuos cerámicos (con metales pesados), que se han acumulado en una cantera cerca de un río, que cubre una superficie total de más de 4 hectáreas. Describe una situación en la que se ha producido un deterioro gradual del medioambiente, que ha durado 30 años sin una descontaminación sustancial de las tierras por parte de las autoridades competentes. Además, señala que en 2013, la región Emilia-Romaña, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, desclasificó la zona, desde un lugar de importancia nacional hasta otro de importancia regional. El peticionario realiza una serie de comentarios generales, entre ellos: el descubrimiento de grandes yacimientos de amianto y otros metales pesados de origen desconocido; detalles de una continua negligencia por parte de las autoridades regionales, provinciales y municipales desde 1988, en relación con la orden de descontaminación emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en 1988, pero que nunca se llevó a cabo, a pesar de la disponibilidad de financiación; la responsabilidad de las autoridades regionales y municipales por no llevar a cabo la descontaminación; los errores técnicos cometidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (ARPA) en el estudio destinado a la identificación de la composición química de los materiales, en particular amianto, en el control del agua y el cálculo de la distancia de los residuos peligrosos en la cantera desde la orilla del río; otros errores y omisiones durante las obras viales en 2009 en la zona de descontaminación; la venta al municipio en 2014 de parte del terreno donde se encontró amianto no declarado por el estudio de la ARPA; la falta de progresos significativos en la descontaminación y la reducción de contaminantes en la cantera y en el río. El peticionario también describe los delitos de contaminación y desastre ambiental, haciendo especial referencia a la entrada en vigor desde 2015 de nuevas leyes italianas sobre delitos ecológicos. Por tanto, pide a la Unión que ejerza presión sobre las autoridades regionales competentes para que tomen medidas a fin de proteger el medioambiente, la tierra y la salud de los residentes en una zona tan contaminada, sin perspectivas de rehabilitación o descontaminación.