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El peticionario indica que, aunque los principios de igualdad e igualdad de retribución se encuentran entre los valores fundamentales de la Unión, aún se producen discriminaciones entre los trabajadores públicos de la Policía española, donde, según el peticionario, los trabajadores reciben diferentes retribuciones por el mismo trabajo. Se produce una discriminación indirecta en lo referente a la remuneración adecuada y las prestaciones sociales que reciben hombres y mujeres. El peticionario afirma que, en 2008, la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato fuera del contexto laboral (Directiva contra la discriminación) fue bloqueada por el Consejo. En la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores del 15 de junio de 2017, la comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, confirmó que la Directiva sigue siendo una prioridad para la Comisión. El peticionario cuestiona hasta qué punto los Estados miembros deben defender los valores fundamentales de la Unión, teniendo en cuenta la supuesta inexistencia de medidas jurídicas.
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