Petition richtet sich an: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

El peticionario representa a un gran número de afectados por el procedimiento de la venta de dos unidades de lignito de DEH SA en Meliti y Megalopoli, tal como prevén la Ley 4533/2018 y las Decisiones de la Comisión Europea relacionadas.El peticionario pone en duda, en particular, los siguientes aspectos del procedimiento, y cuestiona su conformidad con el Derecho de la competencia de la Unión y otras disposiciones. En primer lugar, respecto al procedimiento de licitación: los criterios de selección previa y de selección definitiva, así como la evaluación del valor de las unidades. En segundo lugar, la cuestión de la venta de dos unidades de lignito a un precio que no resulta rentable para DEH SA, por motivos relacionados tanto con la estructura y el funcionamiento del mercado de la electricidad griego (y también el europeo), como desde el punto de vista de cuestiones políticas, sociales y laborales más amplias.En tercer lugar, la venta de las unidades de lignito sin proteger los intereses financieros de DEH SA que, en un futuro próximo, provocará costes adicionales que soportarán los consumidores de electricidad. Además, estas cuestiones, junto con una serie de aspectos especialmente importantes de la propuesta de venta de unidades de lignito, no fueron objeto de una consulta ni de un debate público. Antes de la adopción de la Ley 4533/2018, no se organizó una audiencia con las partes interesada ni con aquellos que tienen un interés legítimo, ni siquiera con los organismos públicos y las autoridades independientes competentes, incluida la Autoridad Reguladora de la Energía de Grecia. Es fundamental señalar que el procedimiento de licitación mencionado no solo está directamente controlado y supervisado por el Gobierno de Grecia, sino también por la Comisión Europea, que, de acuerdo con la Ley 4533/2018, es la responsable final de las decisiones, las aprobaciones y el control del procedimiento a lo largo de su duración. Por consiguiente, surge la cuestión de si la Comisión Europea, actuando de este modo, está ejecutando debidamente sus funciones y responsabilidades de conformidad con los Tratados.