En nombre de la Associazione Palmaria - APS, acompañada de cuatro firmas, contra la adopción del Plan de Acción para la recalificación de la isla de Palmaria 

La peticionaria contesta el procedimiento de aprobación de un plan de acción («masterplan») como parte de las consultas entre el Estado, las regiones y las autoridades locales para la recuperación y recalificación de la isla de Palmaria (situada en el golfo de La Spezia). A este respecto, señala que: a) la isla forma parte del Parque natural regional de Portovenere en lo que respecta a sus elementos terrestres y marítimos (está incluida en la Red Natura 2000); b) el hábitat y algunas especies de flora endémica se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CE); c) el «masterplan» oculta un plan general que abriría la puerta a un elevado número de hoteles y de espacios residenciales de lujo, lo que perturbaría los usos dados actualmente a la isla (en la actualidad la disfrutan esencialmente excursionistas y amantes de la cultura y su zona destinada a viviendas es muy reducida). El objetivo que se persigue es evitar que la recalificación urbanística de la isla de Palmaria sea objeto de una evaluación ambiental estratégica (EAE) y, en particular, que se convierta en objeto de debate, así como evitar la participación del público (en virtud de la Directiva 2001/42/CE). En particular, la peticionaria considera que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (sentencia de 7/6/18 en el asunto C160-17) también puede aplicarse al «masterplan» en cuestión en lo que se refiere a la recalificación de la isla de Palmaria. Por último, la peticionaria señala que las propuestas alternativas presentadas por varias asociaciones durante una fase anterior al «masterplan» en la que pudo participar el público no solo no se incluyeron en dicho plan, sino que ni siquiera se tuvieron en cuenta en el informe técnico-gráfico. Por lo tanto, considera que también se ha vulnerado la legislación de la Unión en materia de participación del público (Directiva 2003/35/CE). Por todo lo expuesto, la peticionaria solicita que se incoen procedimientos de infracción.