En nombre de la Fundación Montescola, sobre contaminación en la mina de estaño y tungsteno de Santa Comba (Galicia) 

El peticionario expone que las concesiones mineras de Santa Comba, originalmente otorgadas entre los años 1942 y 1947, explotaron un depósito de mineral de sulfuro, con cantidades significativas de arsenopirita, pirita y calcopirita que históricamente generaron un drenaje ácido desde las minas, contaminando los acuíferos y ríos contiguos. La mina cerró en 1986. El peticionario considera que, si bien las concesiones deberían haberse declarado vencidas, en 2008 las adquirió una nueva empresa que habría presentado un nuevo proyecto de restauración y reapertura de la mina. El peticionario señala que, a pesar de la existencia de informes que indican que la mina debería haber sido objeto de evaluación de impacto ambiental, la administración aprobó los proyectos ignorando las directivas de la UE sobre EIA (evaluación del impacto ambiental) y participación pública. El peticionario informa de que las concesiones mineras han sido recientemente adquiridas por una empresa australiana, Rafaella Resources Limited, que pretende realizar prospecciones mineras de estaño y tungsteno, incluidas las nuevas minas a cielo abierto, sin los permisos ambientales necesarios; y una compañía sueca desvinculada de la anterior, Eurobattery Minerals AB, pretende operar una mina masiva a cielo abierto de níquel-cobre-cobalto sobre hábitats naturales protegidos por la legislación de la UE. El peticionario denuncia que el gobierno gallego ha impedido sistemáticamente el acceso a la información ambiental sobre la mina Santa Comba, en violación de la Convención de Aarhus y su directiva. El peticionario añade que esto ha llevado a una comunicación al Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus de las Naciones Unidas, actualmente en curso como procedimiento ACCC/C/2017/153.