Sobre el cobro de deudas en Rumanía 

El peticionario denuncia la práctica de las oficinas de cobros extranjeras que compran deudas a empresas rumanas, en su mayoría bancos, y luego asignan el cobro a oficinas de cobros rumanas. El peticionario afirma que los procedimientos de ejecución incoados por estas últimas infringen el Derecho rumano, el cual no les permite representar a otra entidad jurídica ante los tribunales. Afirma asimismo que las oficinas de cobros infringen el RGPD, pues procesan datos personales de deudores con los que nunca tuvieron contacto directo y que nunca dieron su consentimiento a tal efecto. El peticionario sostiene que las oficinas de cobros extranjeras son, de hecho, empresas de inversión como se definen en la Directiva 2014/65/UE y que estas realizan actividades de inversión con carácter profesional, por lo que deberían estar autorizadas tanto en Rumanía como en su país de origen, lo cual no sucede.Información– El peticionario afirma que se ha infringido la siguiente legislación de la Unión: i) Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD); ii) Directiva (UE) 2016/680 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos; iii) Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros; iv) Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.