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El peticionario argumenta que la facultad de apreciación ilimitada del ministro de Justicia con respecto al nombramiento y la promoción de magistrados y jueces en Malta socava la independencia y la imparcialidad judiciales. Además, sostiene que el Gobierno maltés nombra de forma regular a candidatos políticamente leales para la judicatura, de modo que debilita el Estado de Derecho. El peticionario asegura que, dada la poca cantidad de magistrados y jueces en Malta, la independencia del poder judicial puede socavarse muy fácilmente a través de algunos nombramientos estratégicos y pide a la Comisión Europea que inicie procedimientos por incumplimiento contra Malta por este asunto.