Sobre la contratación de funcionarios interinos en presunto fraude de ley por parte de las administraciones públicas españolas 

El peticionario denuncia que, junto con muchos otros funcionarios interinos de distintas administraciones públicas españolas, es objeto de una discriminación laboral prohibida por la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. El peticionario denuncia el pacto de estabilidad firmado por el anterior Gobierno español con los sindicatos, por considerarlo el mayor expediente de regulación de empleo de Europa.