Sobre la aplicación incorrecta de la legislación de la Unión sobre adjudicación de contratos públicos en Rumanía 

El peticionario se queja de que la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública se ha estado aplicando de forma incorrecta en la legislación rumana y las autoridades rumanas la interpretan de manera injusta. Según el peticionario, el marco jurídico vigente impide de forma injusta que los contratistas actualicen los contratos públicos para reflejar variaciones imprevistas de los costes que se producen en la economía real, como el incremento de los precios o de los costes indirectos o modificaciones del salario mínimo impuestas por una legislación posterior. El peticionario afirma que esta situación provoca que los contratistas tengan que invertir su propio dinero, trabajen sin beneficios o incluso vayan a la quiebra.