Eliminar de raíz la corrupción en Europa, suprimiendo los fondos a los países con un sistema judicial ineficiente una vez finalizado el plazo establecido

Establecer un plazo de 10 años después de la adhesión para una moratoria automática de los pagos de los Fondos Estructurales y de Cohesión a un nuevo Estado miembro, hasta que el sistema judicial de dicho Estado ya no esté sometido a un mecanismo de verificación. El actual ordenamiento jurídico de la UE permite una interpretación indebida. En determinadas condiciones, la corrupción entre las élites políticas de los nuevos países de la Unión Europea puede resultar beneficiosa para otros países de la Unión, y el concepto relativo de ‘temporal’ puede alargarse indefinidamente. El establecimiento de un plazo estricto evita la motivación directa e indirecta para la corrupción en los Estados miembros de la UE. Un ejemplo de ello es la ineficacia del mecanismo de verificación existente en Bulgaria y Rumanía.