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El peticionario afirma que Bulgaria ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión al finalizar de forma arbitraria el plan de apoyo de 324 pequeñas fuentes de energía renovable. La introducción de nueva legislación ha conllevado la fijación de nuevos precios para la adquisición de energía eléctrica generada en centrales solares. Este cambio de los precios incumple claramente la legislación de la Unión, que prohíbe cambiar los precios fijados en cualquier circunstancia. A este respecto, el peticionario solicita que se abra una investigación mediante el establecimiento de una comisión de investigación temporal centrada en el patrón de malas prácticas seguido por las autoridades búlgaras a la hora de aplicar el derecho de la Unión.
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