04/08/2026, 6:00

This updated version includes the hyperlinks to the factual evidence supporting this OpenPetition.


Nuevo texto de petición:

Referencia Oficial del Caso: Esta campaña se lanza en apoyo directo a la Petición registrada 1238/2026, actualmente en trámite ante el Parlamento Europeo.

Petition 1238/2026

¿Puede una simple acusación verbal despojarte instantáneamente de tus derechos humanos y apartar permanentemente a tus hijos de ti? En España, la respuesta es un sí aterrador.

Mientras España presume públicamente de su progresista Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una directiva estatal oficial y escrita ha expuesto una realidad oscura y oculta tras esta cortina de humo institucional.

En el Decreto 0000017/2025, altasaltos cargos de las autoridades defiscales la fiscalía españolaespañolas han codificado recientemente de forma oficial que los derechos humanos, las garantías constitucionales y lasla proteccionesprotección dea un juicio justo enbajo virtud delel Artículo 6 del CEDH no se aplican durante las investigaciones previaspreliminares al juicio porde violencia de género.

Esto crea una cintacadena transportadorade montaje incontrolable de destrucción familiar. Al declarar este decreto del fiscal como completamente 'inapelable',"inapelable", el Estado aíslaaisla a su propia jerarquía fiscal de unacualquier rendición de cuentas inmediata.

¿El resultado? Se imponen inmediatamente prohibiciones absolutas de contacto entre progenitorespadres e hijos a niñosmenores y padresprogenitores inocentes, forzando el trauma psicológico de la separación a miles de niños europeos; todo ello dentro de un sistema especializado donde entre el 73% y el 77% de todos los casos son finalmente archivados y desestimadossobreseídos debido a una total falta total de pruebas, años más tarde.

Este no es un debate teórico; es una violación activa de los Artículos 6 y 8 del CEDH y una traición absoluta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de lasla Naciones Unidas.ONU.

El artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004 (LIVG) despoja a los Juzgados de Familia de cualquier asunto de derecho de familia y sitúatraslada la materiacompetencia antea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de España los cuales, tal como muestrandemuestra lasla PRUEBASEVIDENCIA ORIGINALES,CONTUNDENTE, operan como tribunales de partecarácter de la acusaciónacusatorio centrados en denegarnegar la 'Presunción"Presunción de inocencia',inocencia", el 'Principio"Principio de proporcionalidad'proporcionalidad" y el 'Principio"Principio de imparcialidad',Imparcialidad", aplicando una separación total de «talla"talla única»única" de los niñoshijos respecto dea sus padres y sin reconexión tras una absolución tardía.

Esta ley está fomentando un aumento explosivo de denuncias falsas de violencia de género para «explotar"explotar el argumento del maltrato»maltrato" y la malversación de fondos públicos en procedimientosprocesos penales espurios que seresultan saldan conen la eventual exoneración final del 73% al 77% de los hombres acusados. Este es el análisis jurídico académico escrito por el experto en derecho penal y profesor Dr. José María de Pablo Muñoz, publicado a través del Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Legal Blog.

El Estado de España intenta ocultar esto mediante el engaño estadístico, alalegando reclamar unala tasa oficial de condenas basadabasándose únicamente en los casos que son elevados por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a un tribunal de enjuiciamiento formal.

A lo largo de estos procedimientosprocesos penales y de los procedimientos en los Juzgados de Familia, a todos los niños en España se les niega el derecho a su propio asesoramiento jurídicolegal para proteger y salvaguardar sus propios derechos fundamentales,fundamentales. situandoBajo las restricciones del Artículo 154 del Código Civil español, los menores carecen de capacidad jurídica independiente, lo que sitúa a los niños en España en una clara desventaja en comparación con losotros niñossistemas de otras partes de Europa,europeos donde a los menores se les asigna su propio abogado defensor.independiente. La ausencia estructural básica de defensa jurídica dirigida al menor está documentada en el European e-Justice Portal Review on Spanish Court Proceedings.

Además, la histórica sentencia de Haddad contravs. Spain 2019 (ECtHR) demostró legalmente que la gestión judicial de España 2019en estos litigios vulnera sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, y aun así, no tuvo ningún efecto ensobre lalas formaleyes enprocesales subyacentes que Españacontinúan violanegando los derechos humanos dea los niños ysu devoz sus padres.independiente.

Exigimos una investigación inmediata por parte del Parlamento Europeo.