En nombre de la confederación nacional «Coldiretti» y la fundación «Campagna Amica», acompañada de 120 000 firmas, sobre el Reglamento europeo relativo a las etiquetas indicativas del origen de los productos alimenticios 

Los peticionarios exponen su preocupación sobre el contenido del proyecto de Reglamento de ejecución del Reglamento 1169/2011 relativo al etiquetado de alimentos. En su opinión, el Reglamento que se está redactando actualmente no está a la altura de las expectativas de los consumidores, quienes participaron en la consulta pública celebrada el 1 de febrero de 2018 y a los que les gustaría disponer de más información cuando el país o lugar de origen indicado para un alimento fuese diferente del de su ingrediente principal (más del 50 %). En este caso, el Reglamento de base exige la aprobación de actos de ejecución adecuados (véase el artículo 26, apartados 3 y 8). No obstante, en el proyecto de Reglamento de ejecución parece que la Comisión no ha cumplido con las restricciones de la exención otorgada por el colegislador europeo, en concreto, al eximir a las marcas comerciales registradas de la obligación de indicar el origen del ingrediente principal en caso de que sea distinto y, en general, al confiar en la buena fe de los propietarios de las empresas a la hora de cumplir con esta obligación. Se deja a su juicio decidir el nivel de detalle que desean proporcionar sobre el origen de los ingredientes principales. Paradójicamente, en el caso de alimentos que se benefician de una designación geográfica conocida como indicación geográfica protegida (IGP), esta información parece estar más incompleta que la proporcionada para alimentos sin indicación geográfica. Asimismo, una vez que el Reglamento de ejecución entre en vigor (previsto para abril de 2019), las normas nacionales sobre el origen de determinados alimentos, incluidos productos lácteos, miel, frutas y hortalizas, pescado y ternera, dejarían de tener validez, lo que presentaría un riesgo para los consumidores al reducirse la información que actualmente les permite identificar el origen de estos productos. Por estas razones, los peticionarios solicitan que la Comisión elimine las exenciones en cuestión y que el Parlamento Europeo participe en la elaboración del contenido del Reglamento de ejecución.