En nombre de EFRI (European Funds Recovery Initiative), sobre la prevención, persecución y restitución por ciberataques financieros contra consumidores en la Unión Europea 

El peticionario denuncia que, pese a que la Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, así como el objetivo de garantizar un alto nivel de protección del consumidor, hasta ahora, estas iniciativas no han producido ningún resultado en el ámbito de la prevención de la ciberdelincuencia. Combatir la amenaza, cada vez mayor, de los delitos cibernéticos y garantizar un entorno financiero seguro para los consumidores, en particular, debe seguir siendo una prioridad. El peticionario señala que los consumidores europeos corren el riesgo de perder sus ahorros debido a estafas de inversión en línea extremadamente organizadas y otro tipo de fraudes, que involucran actividades de lavado de dinero y terrorismo, operadas por redes criminales organizadas transnacionales. A juicio del peticionario, estas organizaciones, empresas e individuos operan sin temor ni amenaza ser perseguidos por la justicia. El daño financiero debido a los delitos cibernéticos y el número de casos están aumentando rápidamente. Por lo tanto, el peticionario solicita que el Parlamento Europeo inicie acciones de prevención, campañas de concientización pública y educación y lanzado a nivel europeo para llamar la atención sobre este tipo de delitos. También pide que se fomente la cooperación y la coordinación entre las autoridades nacionales de toda la Unión Europea, para lo que solicita la creación de una autoridad independiente y descentralizada en el seno de la Unión Europea con la competencia de investigar, procesar y juzgar tales ciberdelitos contra consumidores europeos. El peticionario considera que el derecho penal debe modificarse y modernizarse a escala europea en lo que respecta a la responsabilidad penal de las corporaciones. El peticionario también pide que se adopte rápidamente la Directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que permitirá a los consumidores unir fuerzas contra esas prácticas ilegales y presentar demandas colectivas para obtener una indemnización por daños.